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Tras la millonaria compra de cámaras termográficas, el Gobierno no permitió conocer cómo funcionan

La prensa no puede ver los aparatos comprados en plena emergencia por la pandemia. Hay serias dudas sobre la transparencia en el proceso de contratación y sospechas por el precio que se terminó pagando.

Este miércoles, El Chorrillero fue hasta el control sanitario obligatorio que implementó el Gobierno provincial en inmediaciones al puesto limítrofe de Desaguadero para mostrar cómo funcionan las cámaras termográficas como medida de prevención del coronavirus. Sin embargo, no fue posible ingresar ni tomar imágenes de los aparatos.

La oficina por la que deben pasar los ciudadanos que ingresen a San Luis para que les tomen la temperatura corporal, están ubicadas sobre la autopista de las Serranías Puntanas, a unos 500 metros antes de llegar al límite que separa a San Luis con Mendoza.

Allí, el personal de la Policía se encarga de detener a los vehículos particulares y camioneros para explicarles que deben someterse al control. Tras eso transitan por un pasillo señalizado hasta llegar a una cabina de desinfección donde tienen que aplicarse alcohol en gel.

Ya adentro de las instalaciones, trabajadores del Ente Control de Rutas se encargan de guiarlos. Tienen que ubicarse en un punto señalizado en el piso y desde allí la cámara toma la temperatura. Unos segundos después arroja los resultados. Si no se detecta que  es alta, la persona debe dejar sus datos personales, informar a dónde se dirige y recién después puede continuar su camino. De lo contrario, se activa el protocolo sanitario en el que interviene el Sempro.

Al tratarse de un lugar público, El Chorrillero intentó registrar el procedimiento, pero el personal no lo permitió. Justificaron que “la prensa no puede entrar” y “tampoco están autorizados a hablar”.

Minutos más tarde, desde la oficina de Prensa del ministerio de Obras Públicas e Infraestructura respondieron a este medio que se requiere una “autorización” que forma parte de “los controles implementados por la pandemia”.

Lo único que se pudo ver desde la puerta fue un escritorio con una computadora y la pantalla donde se refleja la temperatura corporal. En el proceso de medición no intervienen más de dos personas.

La implementación de este nuevo mecanismo, fue dispuesto por el gobernador Alberto Rodríguez Saá la semana pasada para “tener un máximo control en los puestos limítrofes de San Luis y así evitar el ingreso del virus”, según argumentó el ministro Felipe Tomasevich quien dijo que se ponía en marcha una medida que será “modelo nacional”.

La compra de los primeros aparatos, para Desaguadero y Justo Daract, se hizo a la empresa Leveltech SRL, a un costo de $14 millones. Se compró cada equipo a $1.750.000. El sitio Zbol, se contactó con una compañía en Morón, Buenos Aires, que ofrece el mismo equipamiento a un costo de 6.171 dólares (con IVA incluido) que significarían $424.256,25. Es decir que se habría hecho pagar al Estado un 412% más caro de lo que se cotizan en el mercado.

Por su lado, el dueño de Logatec (otra empresa del mismo rubro pero en San Luis), Gustavo Kavka reveló que no fueron invitados a cotizar y que podrían haber provisto las cámaras al Estado a “un 50% menos” de lo que pagó la administración de Rodríguez Saá. También manifestó no conocer a Leveltech.

Esta compra provocó cuestionamientos porque no se habría respetado la Ley Nº VIII-0256-2004 de Contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia.

La operación de contratación de los promocionados equipos está bajo sospecha y el Gobierno no permite que la prensa pueda conocerlos.

Ningún funcionario de la gestión de Alberto Rodríguez Saá ha dado explicaciones hasta el momento. Se mantienen en silencio.

La publicación periodística dio lugar a un pedido de informes de la oposición política. La bancada de diputados de San Luis Unido hizo una presentación en la Cámara de Diputados.

Las dudas sobre la adquisición surgieron también por la escasa información y los antecedentes sobre la compañía beneficiada. La empresa favorecida fue inscripta en la AFIP en marzo de 2015 bajo el rubro “telecomunicaciones” y registra domicilio fiscal en avenida Presidente Perón 1146 de la ciudad de San Luis.

Asimismo, desde diciembre del 2019 que no ha pagado aportes patronales y jubilaciones a los dos empleados que figuran en la AFIP.

El decreto N° 2386 por el cual la Provincia hizo la compra contó con las firmas del gobernador y la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Por medio de él autorizó la contratación sin compulsa previa de ocho cámaras, un televisor de 32 pulgadas y un monitor de computadora de 19 pulgadas.

Por otro lado, antes de llegar al control sanitario obligatorio quienes deseen ingresar a San Luis tienen que atravesar por un puesto policial, ubicado a unos 77 kilómetros de la capital, donde deben informar hacia dónde se dirigen.

Si se trata de un vehículo que va hasta otra provincia les otorgan un permiso de circulación de seis horas que deben entregar antes de salir. A su vez, se prevé que sean encapsulados en grupo y escoltados por personal de seguridad.

Uno de los conductores que deben atravesar San Luis con frecuencia transmitió disconformidad con los procediminetos. Explicó que anoche debió esperar unos 50 minutos, pero hace 20 días atrás estuvo permaneció 12 horas para que le permitan el cruce.

“Cuando uno está trabajando ya viene con horas acumuladas de manejo y con cansancio cuesta”, advirtió.

En el caso de quienes lleguen con intención de permanecer tendrán que realizar una declaración jurada y desde allí continuar hasta pasar por las cámaras termográficas.

Antes Leveltech logró que el Gobierno le adjudicara los lectores de patentes y la instalación de balanzas en los peajes.

Hay interrogantes que no tienen respuestas.

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